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Vecinos agrupados en el colectivo Defensores Ambientales del Chapaleofú cuestionan el uso de agroquímicos en zonas cercanas a viviendas, escuelas y cursos de agua de Tandil y reclaman una intervención urgente de la Justicia ante lo que califican como “una situación realmente muy grave”.
Un grupo de vecinos de Tandil, Gardey, Vela y Rauch, nucleados bajo el nombre de Defensores Ambientales del Chapaleofú, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires una acción originaria de inconstitucionalidad contra las ordenanzas municipales que regulan la fumigación con agroquímicos en sus territorios.
En declaraciones, Joaquín Benavídez, abogado integrante del colectivo, afirmó que “la situación es realmente muy grave”, sobre todo porque la temporada estival coincide con las campañas de fumigación, lo que aumentaría la exposición de la población a sustancias potencialmente dañinas.
Según explicó Benavídez, los análisis de agua realizados en conjunto con universidades nacionales detectaron la presencia de compuestos como 4D, Glifosato y Atrazina en la cuenca hídrica del Chapaleofú, la cual vincula ambientalmente a las localidades involucradas.
El planteo judicial busca que el máximo tribunal bonaerense revise las ordenanzas N.º 17.404/21 de Tandil y N.º 850/12 de Rauch para evaluar si cumplen con los estándares de protección ambiental exigidos por las normas nacionales y provinciales.
Previo al fallo de la Corte, el Procurador General de la Suprema Corte – Julio Conte Grand – emitió un dictamen en el que recomienda suspender las ordenanzas cuestionadas, advirtiendo que podrían no corresponder con los estándares ambientales vigentes y sugiriendo que se actualicen las normas para proteger de manera más efectiva la salud pública y el ambiente de la región.
El grupo ambiental también difundió sus actividades en redes sociales y a través de charlas en escuelas, subrayando que “proteger el Chapaleofú de los agrotóxicos no es solo defender nuestros cuerpos-territorios: también es un acto de justicia ambiental y social para las generaciones presentes y futuras”.
La causa se mantiene abierta a la espera de la definición de la Suprema Corte de Justicia provincial, que determinará si las ordenanzas impugnadas deben ser suspendidas o reformuladas para garantizar mayores niveles de protección ambiental en la cuenca compartida por varias comunidades.
