Alarma por el transporte en Tandil: advierten que varias empresas están al límite

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El sector del transporte público de Tandil atraviesa una situación financiera crítica y reclama medidas urgentes para evitar el colapso de las empresas prestatarias. Así lo planteó el presidente de la Cámara de Transporte de Tandil, Daniel Albanese, durante una reunión con integrantes de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.

Según explicó el dirigente, las empresas registran actualmente un déficit permanente de alrededor de 30 millones de pesos mensuales por compañía, una situación que, de acuerdo con sus declaraciones, pone en riesgo la continuidad de algunas líneas en el corto plazo.

“No tenemos tiempo, no podemos esperar porque hay empresas que se van a caer en los próximos días, como podría ser la línea 502, la blanca”, advirtió Albanese.

Durante el encuentro, los transportistas solicitaron que se declare la emergencia del sector, además de plantear una readecuación de frecuencias, actualización de costos y la creación de nuevas fuentes de ingresos que permitan sostener el sistema.

Entre las alternativas propuestas aparece la posibilidad de implementar una tasa vial sobre los combustibles. Albanese explicó que el planteo está relacionado con la falta de distribución a las provincias, desde enero de 2024, de recursos vinculados al impuesto nacional a los combustibles, pese a la existencia de un fideicomiso destinado al sostenimiento del transporte público.

También se puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar el estacionamiento medido como mecanismo para generar recursos adicionales, o bien que desde la propia Comisión de Transporte se impulsen otras herramientas de financiamiento.

“Le pedimos que sean pragmáticos y que resuelvan rápido”, sostuvo Albanese, quien consideró que una eventual declaración de emergencia permitiría acelerar la toma de decisiones y la ejecución de medidas ante la gravedad del escenario.

Tarifas y caída de pasajeros

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la situación de los servicios de media distancia hacia Vela y Gardey. Albanese calificó como “totalmente inviable” el esquema tarifario vigente.

Actualmente, el viaje a Gardey tiene un valor de $3.800 para un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros, mientras que el servicio hacia Vela cuesta $8.400 para una distancia cercana a los 60 kilómetros.

El empresario comparó esos valores con el costo de los servicios de transporte por aplicación dentro de Tandil y remarcó el fuerte desfasaje que, según planteó, existe entre las tarifas y los costos reales de prestación.

A esta problemática se suma una caída de al menos el 15% en la venta de boletos durante los últimos meses. Para Albanese, la disminución está directamente relacionada con el contexto económico y la caída de la actividad comercial.

“El transporte no es una isla”, señaló el dirigente, al explicar que las empresas dependen de que los vecinos se trasladen al centro para trabajar, realizar compras o estudiar. La menor actividad económica, sostuvo, también repercute directamente sobre la cantidad de pasajeros.

Reclamo por previsibilidad

Albanese también recordó la situación atravesada durante 2025, cuando, según indicó, las empresas perdieron aproximadamente el 50% de su patrimonio como consecuencia del atraso en la actualización de las tarifas.

En ese sentido, cuestionó que durante diez meses se hayan extendido las discusiones en el Concejo Deliberante para definir una actualización, mientras los costos continuaban aumentando.

Para evitar que una situación similar vuelva a repetirse, especialmente en un año electoral, desde la Cámara de Transporte propusieron establecer una fórmula polinómica de actualización tarifaria que permita otorgar previsibilidad al sector durante los próximos meses.

“Las empresas están fundidas, se están fundiendo, y el problema grave es que va a quedar mucha gente sin trabajo”, advirtió Albanese.

El titular de la Cámara de Transporte describió el momento que atraviesa el sector como “desesperante” y reclamó respuestas rápidas por parte de las autoridades para evitar que la crisis termine afectando la continuidad de los servicios y los puestos de trabajo.


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