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La presentación judicial apunta al intendente Miguel Lunghi, al titular del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y a dos jueces civiles. La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas a terrenos de la extinta firma Tandilia S.R.L.
La controversia judicial por las tierras de Villa Cordobita sumó un nuevo capítulo en Tandil, luego de que los denunciantes presentaran una ampliación de la denuncia penal y cuestionaran un informe de la Fiscalía General de Azul.
La presentación fue impulsada por Juan Pedro Martín Burs y Roberto Gastón Giove, vinculados al emprendimiento inmobiliario Miradores de Montecristo, y alcanza al intendente Miguel Ángel Lunghi, al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y a los jueces civiles José Martín Zárate y Francisco Augusto Blanc.
El expediente gira en torno a 149 lotes distribuidos en 33 manzanas que pertenecían a Tandilia S.R.L., una empresa constituida en 1951 cuyo plazo societario, según el informe fiscal citado, venció en 1965. Los denunciantes sostienen que las operaciones posteriores sobre esos terrenos presentaron presuntas irregularidades y que los inmuebles podrían haber correspondido al Estado bajo la figura de herencia vacante.
Entre los cuestionamientos planteados aparecen supuestas anomalías en escrituras, actuaciones judiciales y trámites municipales relacionados con la transferencia de los lotes. La querella sostiene que hubo omisiones en la intervención de los organismos estatales y solicita que se profundice la investigación.
Por su parte, el informe de la Fiscalía General señaló que la representación de Tandilia S.R.L. atribuida a Placer Moreno no figuraba en el estatuto original y consideró que las operaciones inmobiliarias estaban afectadas por posibles causales de ineficacia. Sin embargo, también indicó que no existían elementos inmediatos que permitieran advertir una herencia vacante en los expedientes civiles analizados.
Frolik rechazó las acusaciones y calificó la denuncia como una maniobra de presión política relacionada con el proyecto Miradores de Montecristo, cuya propuesta urbanística fue rechazada por el Ejecutivo municipal. Además, defendió su postura respecto de la continuidad de la sociedad y cuestionó los argumentos de los denunciantes.
La causa continúa en el ámbito judicial y deberá determinar si existieron responsabilidades penales en las operaciones cuestionadas.
