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Organizaciones sociales, sindicales y ambientales de Tandil realizaron este jueves una movilización en la Plaza Independencia para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que se debate en el Senado de la Nación.
La convocatoria se desarrolló en el marco de una jornada nacional de protesta impulsada por la Mesa Intersindical y distintos movimientos sociales, que sostienen que la propuesta modifica aspectos centrales de la legislación vinculada a la propiedad, las expropiaciones, los desalojos, las tierras rurales y el manejo del fuego.
En un documento difundido durante la manifestación, los organizadores afirmaron que el proyecto «busca consolidar la concentración de la tierra y profundizar la desigualdad social», al tiempo que cuestionaron que la iniciativa otorgaría un carácter absoluto al derecho de propiedad, dejando de lado su función social y el interés colectivo.
Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones señalaron que la reforma afectaría el régimen de integración socio-urbana previsto en la Ley 27.453, facilitaría los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad, eliminaría restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y flexibilizaría disposiciones de la Ley de Manejo del Fuego.
Los manifestantes también hicieron referencia al impacto que, según sostienen, tendría la iniciativa en Tandil. En ese sentido, indicaron que, de acuerdo con datos del Censo 2022, cerca del 30% de los hogares de la ciudad alquila y alrededor de 1.500 propietarios no cuentan con la documentación regularizada de sus viviendas.
Además, advirtieron que problemáticas como el acceso al suelo urbano, la disponibilidad de lotes con servicios y la expansión sobre áreas serranas podrían profundizarse si la propuesta obtiene aprobación legislativa.
Durante la jornada, las organizaciones también mencionaron observaciones realizadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, quien expresó preocupaciones respecto de la compatibilidad del proyecto con estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, los convocantes reclamaron el rechazo del proyecto y solicitaron la implementación de políticas públicas que, según expresaron, garanticen el acceso al hábitat, la protección del ambiente y el cumplimiento de la función social de la propiedad.