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El rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Marcelo Aba, encabezó junto al intendente de Tandil, Miguel Lunghi, una movilización en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó su aplicación efectiva. Durante la jornada, advirtió sobre el deterioro salarial, el aumento de los costos operativos y la importancia de que la normativa sea contemplada en el Presupuesto Nacional.
La concentración se inició en la intersección de Rodríguez y Garibaldi, donde autoridades y manifestantes expresaron su preocupación por la situación que atraviesan las universidades públicas.
Aba sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con respaldo parlamentario y recordó que existe un fallo judicial de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto que buscaba suspender su aplicación. En ese sentido, afirmó que se trata de una norma que debería estar vigente.
Reclaman actualizar el presupuesto por la inflación
El rector puso el foco en el debate del Presupuesto Nacional en la Cámara de Diputados y señaló que resulta fundamental incorporar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. Advirtió que, si esos fondos no se contemplan en la planificación presupuestaria, posteriormente el Gobierno podría argumentar que no dispone de las partidas necesarias para implementarla.
En relación con el alcance del reclamo, Aba aclaró que no se busca ampliar el sistema universitario ni financiar nuevas iniciativas, sino recuperar el poder adquisitivo de los recursos asignados.
“Estamos pidiendo que al presupuesto de 2023 se le aplique la inflación que ha transcurrido en este tiempo”, expresó.
Según detalló, la actualización reclamada representa una suma de 11 billones de pesos, equivalente a un incremento del 33% respecto de los recursos contemplados en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.
Preocupación por los salarios y los gastos de funcionamiento
Durante su intervención, el rector describió las dificultades económicas que atraviesan las instituciones universitarias. En materia salarial, indicó que los ingresos del personal docente y no docente acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el 33% y el 34%.
A esta situación se suma el fuerte incremento de los servicios públicos, cuyos costos, según señaló, registraron subas de hasta el 600%, lo que genera una presión adicional sobre los presupuestos destinados al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
Además, alertó sobre las consecuencias de la salida del esquema de tarifas diferenciales por zona fría. Esta modificación complicaría la cobertura de los gastos de calefacción durante el próximo invierno, especialmente si se tiene en cuenta que la infraestructura universitaria comprende aproximadamente 100.000 metros cuadrados.
Un reclamo por la educación pública y las instituciones democráticas
Finalmente, Aba remarcó que la movilización no se limita a una discusión presupuestaria, sino que también busca defender la universidad pública, el derecho a la educación y el sistema democrático.
En esa línea, planteó que el conflicto actual involucra a distintos poderes del Estado, ante la negativa del Poder Ejecutivo a cumplir con disposiciones emanadas del Congreso Nacional y del Poder Judicial.
El reclamo universitario se produce en un contexto de creciente preocupación por el financiamiento de las instituciones públicas y por la necesidad de garantizar los recursos que permitan sostener sus actividades académicas, científicas y administrativas.
