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El Juzgado de Faltas N° 2 de Tandil resolvió imponer una serie de medidas sobre el fideicomiso Condominio Corica Gutiérrez, entre ellas multas económicas, la demolición de determinadas estructuras y la reubicación de viviendas construidas dentro del predio.
La decisión fue adoptada por el juez Pedro Olivetto y, según confirmó el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Dr. Maciá Cantarelli, la empresa Córica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. ya fue notificada de la resolución, que establece un plazo de 60 días para cumplir con las disposiciones judiciales.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la orden de reubicar algunas de las viviendas emplazadas en el lugar. De acuerdo con lo explicado por Cantarelli, esta medida implica retirar las construcciones de su ubicación actual y trasladarlas a un sitio que cuente con la factibilidad técnica y las autorizaciones exigidas por la normativa vigente en materia de edificación.
El funcionario advirtió, sin embargo, que la posibilidad de concretar ese traslado dependerá de las características de cada construcción. En aquellos casos de viviendas montadas sobre pilotes o estructuras modulares, la reubicación podría ser viable. En cambio, si cuentan con cimientos tradicionales, el procedimiento podría resultar técnicamente inviable, una situación que deberá ser evaluada por profesionales especializados.
La resolución judicial se vincula con la causa iniciada tras las denuncias por un presunto loteo irregular, donde se señalaba la existencia de nueve terrenos y seis viviendas edificadas por encima de la cota 250.
Pese a la firmeza de la decisión del Juzgado de Faltas, el proceso aún no está cerrado. La firma involucrada podrá optar entre cumplir con las medidas ordenadas o presentar un recurso de apelación ante el Juzgado Correccional de Tandil, tal como prevé la Ley Provincial del Código de Faltas.
Cantarelli sostuvo que la continuidad del procedimiento dependerá de la estrategia que adopte la desarrolladora, ya que la eventual presentación de recursos podría extender los plazos para la ejecución de las medidas dispuestas por la Justicia.
