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La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un capítulo decisivo. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 mediante la cual el Gobierno nacional había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento inmediato.
La decisión fue firmada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, junto con una causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un fallo de primera instancia y el Gobierno nacional ya anticipó que lo apelará.
La resolución tiene una especial repercusión en Tandil, donde se encuentra el Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), una de las instituciones que durante todo el último año viene reclamando la puesta en vigencia efectiva de la norma.
Una ley aprobada, vetada y luego frenada
La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. La norma establece mecanismos para recomponer los gastos de funcionamiento de las universidades, actualizar los salarios de docentes y nodocentes, fortalecer las becas estudiantiles y destinar recursos a investigación, infraestructura y equipamiento.
El Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto mediante el Decreto 647/2025. Sin embargo, el Congreso volvió a tratarlo y reunió en ambas cámaras los dos tercios necesarios para insistir con la sanción, tal como establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Después de esa insistencia legislativa, el Gobierno promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero agregó que su ejecución quedaba alcanzada por el artículo 5 de la Ley 24.629. En la práctica, esa condición mantuvo suspendida su implementación hasta que se determinaran las fuentes presupuestarias para afrontar el gasto.
Eso es precisamente lo que ahora cuestionó la Justicia.
Cormick consideró que, una vez que el Congreso rechazó el veto presidencial con las mayorías constitucionales exigidas, el Poder Ejecutivo no podía introducir una nueva condición que volviera a impedir la aplicación de la ley. El magistrado calificó ese mecanismo como “extraconstitucional” y sostuvo que el decreto no supera un “test mínimo de razonabilidad”.
El fallo también descartó uno de los principales argumentos oficiales: que la ley carecía de una fuente de financiamiento. En ese punto, señaló que el artículo 9 de la propia Ley 27.795 habilita la adecuación de partidas y contempla la utilización de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados o prorrogados.
Un reclamo que la UNICEN llevó desde Tandil al CIN
Para la comunidad universitaria de Tandil, la discusión tiene antecedentes concretos.
El 22 de octubre de 2025, apenas un día después de la publicación de la ley y del decreto que condicionó su ejecución, el rector de la UNICEN, Marcelo Aba, participó del plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional en el que las universidades resolvieron por unanimidad recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la norma.
En febrero de este año, el Rectorado y los decanos y decanas de la UNICEN volvieron a reclamar públicamente su aplicación inmediata. En aquel documento advirtieron sobre las dificultades para sostener gastos operativos, infraestructura, becas y salarios y señalaron que, al 31 de enero, los ingresos de docentes y nodocentes habían perdido un 51,59% de poder adquisitivo real.
El conflicto continuó durante 2026 con paros y movilizaciones en Tandil. En abril, docentes, nodocentes, estudiantes y trabajadores del sistema científico instalaron una carpa frente al Rectorado; y en mayo miles de personas participaron de la cuarta Marcha Federal Universitaria por las calles de la ciudad.
Más recientemente, el rector Marcelo Aba volvió a advertir en septiembre que el desfinanciamiento estaba afectando no sólo el funcionamiento cotidiano sino también la extensión, la investigación científica y las posibilidades de desarrollo futuro de la Universidad.
De los salarios y las becas a la totalidad de la ley
El conflicto ya había tenido otros capítulos judiciales. En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que ordenaba cumplir los artículos vinculados con la actualización salarial de docentes y nodocentes y con las becas estudiantiles.
El fallo conocido ahora tiene un alcance mayor: cuestiona directamente el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordena adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para ponerla en funcionamiento.
La sentencia se conoce, además, a poco más de una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. La UNICEN había adherido al reclamo junto con el CIN y los gremios universitarios, en un escenario marcado también por la discusión del presupuesto universitario para 2027.
Ahora la disputa continuará en los tribunales. El Gobierno confirmó que apelará la resolución y mantiene su posición de que corresponde al Congreso determinar con mayor precisión de dónde deben surgir los recursos. Para las universidades, en cambio, el nuevo fallo refuerza un reclamo que en Tandil lleva más de un año atravesando aulas, laboratorios, salarios, becas y las calles de la ciudad.
