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El bloque de concejales presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Tandil para respaldar la implementación de la Ley 27.801 y exigir al Gobierno bonaerense que garantice las condiciones necesarias para su aplicación. “La seguridad no puede esperar”, advirtieron.
El bloque de concejales de Acción Tandilense – La Libertad Avanza presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Tandil un proyecto de resolución para respaldar la efectiva implementación del Régimen Penal Juvenil y reclamar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que adopte las medidas necesarias para garantizar su aplicación.
La iniciativa surge luego de que la Justicia dispusiera preventivamente la suspensión de la aplicación de la Ley Nacional N.º 27.801 en todo el territorio bonaerense. Desde el espacio consideraron que la situación reviste “extrema gravedad” y cuestionaron que una norma sancionada por el Congreso de la Nación y reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional quede paralizada en la Provincia por dificultades vinculadas a la estructura y capacidad del Estado bonaerense.
“La seguridad de los bonaerenses no puede quedar atrapada entre las excusas de un Estado provincial que durante años no resolvió sus problemas estructurales. Si existe una ley nacional que establece responsabilidades frente al delito y genera herramientas específicas para abordar el delito juvenil, el Gobierno de la Provincia tiene que estar preparado para aplicarla, no buscar excusas para que no funcione”, señalaron desde el bloque.
El proyecto destaca que la Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso Nacional conforme a los mecanismos constitucionales y establece un régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años, contemplando sanciones alternativas a la privación de la libertad y objetivos vinculados con la educación, la resocialización y la integración social.
En ese marco, los concejales apuntaron directamente contra la gestión de Axel Kicillof y sostuvieron que las dificultades de la Provincia no pueden transformarse en un obstáculo para la aplicación de una normativa nacional.
“No puede ser que la incapacidad del Gobierno de Kicillof termine convirtiéndose en una barrera para que una ley nacional se aplique en la Provincia”, remarcaron.
Desde Acción Tandilense – La Libertad Avanza también señalaron que la suspensión preventiva de la norma deja al descubierto, a su entender, una problemática estructural vinculada con la falta de planificación y de condiciones adecuadas para implementar políticas de seguridad frente al delito juvenil.
“Hace años que los bonaerenses reclaman respuestas concretas frente al delito. Mientras las familias viven con miedo y los vecinos exigen seguridad, el Estado no puede seguir mirando para otro lado”, expresaron desde el bloque.
El proyecto presentado ante el Concejo Deliberante manifiesta la preocupación del cuerpo legislativo local por la suspensión de la ley, respalda su efectiva implementación y solicita al Poder Ejecutivo bonaerense que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas para su aplicación en todo el territorio provincial.
En la misma línea, Santamarina sostuvo que la Provincia debe asumir la responsabilidad de resolver las dificultades que pudieran impedir la puesta en marcha del régimen.
“La seguridad no puede esperar y la Provincia tampoco puede seguir pateando sus problemas para adelante. Kicillof tiene que hacerse cargo: si faltan recursos, infraestructura o herramientas para aplicar una ley que busca dar respuestas frente al delito, la obligación del Gobierno provincial es resolverlo. No suspender, no demorar y no mirar para otro lado”, expresó.
Finalmente, desde el bloque remarcaron que respaldar el Régimen Penal Juvenil no implica desconocer derechos ni garantías constitucionales, sino establecer un marco de responsabilidad frente a la comisión de delitos, dentro de las garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico.
“Negarse a incorporar nuevas herramientas para combatir el delito implica perder oportunidades para intervenir de manera temprana frente a adolescentes que incurren en conductas delictivas. Actuar a tiempo es fundamental para establecer límites, sancionar y corregir esas conductas antes de que se profundicen. Los vecinos tienen derecho a vivir seguros, y debemos aprovechar todas las herramientas disponibles para avanzar en ese sentido”, concluyeron.
