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La Municipalidad de Tandil respondió duramente al intendente de Azul, Nelson Sombra, por el traslado de una familia de 11 integrantes en una combi municipal. El secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, cuestionó los argumentos de la comuna vecina, pidió documentación sobre el operativo y ratificó las acciones penales, civiles y administrativas.
La polémica entre los municipios de Tandil y Azul por el traslado de una familia de 11 integrantes sumó un nuevo capítulo. La administración de Miguel Lunghi respondió formalmente a la nota enviada por el intendente azuleño Nelson Sombra y rechazó de manera contundente las explicaciones brindadas por el gobierno de la vecina ciudad.
A través de un extenso escrito de cinco páginas, el secretario de Legal y Técnica de Tandil, Juan Maciá Cantarelli, sostuvo que las justificaciones presentadas por Azul contienen “gravísimas inconsistencias fácticas, técnicas y normativas” y calificó como “reprochable” el accionar de los agentes municipales que participaron del traslado.
El conflicto se originó luego de que una familia integrada por 11 personas —seis adultos y cinco menores— fuera trasladada desde Azul hasta Tandil en un vehículo oficial de la Municipalidad de Azul. Según la presentación de Tandil, el grupo fue dejado en horas de la tarde en una estación ferroviaria en desuso, sin servicios básicos y sin que existiera una comunicación previa con las autoridades tandilenses.
La respuesta de la administración Lunghi apunta a cuestionar, uno por uno, los argumentos expuestos por el intendente Sombra.
Cuestionamientos al supuesto acompañamiento durante cuatro años
Uno de los principales puntos señalados por Cantarelli está relacionado con la afirmación de Azul de que la familia había recibido asistencia de profesionales municipales durante más de cuatro años.
Para Tandil, este argumento no atenúa la responsabilidad de la administración azuleña sino que la incrementa. Desde el gobierno de Lunghi consideran contradictorio que, después de un supuesto seguimiento interdisciplinario durante un período tan prolongado, la respuesta ante una situación de conflictividad y violencia haya sido trasladar a todo el grupo familiar hacia otra ciudad sin una articulación previa.
El escrito sostiene que de esta manera se habría producido una “exportación fáctica del conflicto” hacia Tandil.
La situación habitacional y la Ordenanza 5.204
Otro de los cuestionamientos está vinculado con la situación habitacional de la familia.
Según la Municipalidad de Azul, el grupo era beneficiario del programa de “Emergencia Habitacional por Contaminación”, establecido mediante la Ordenanza N° 5.204/2025, destinada a relocalizar familias del asentamiento “Los Piletones” afectado por contaminación del suelo con cromo.
Tandil considera que existe una contradicción entre esa política pública y el traslado de la familia hacia otro distrito. En el escrito, Cantarelli plantea que si el propio Estado municipal de Azul había reconocido a la familia como beneficiaria de una solución habitacional dentro de su territorio, no se comprende bajo qué criterio se decidió trasladarla a Tandil.
La presencia de cinco menores
La situación de los cinco niños que integraban el grupo familiar también ocupa un lugar central en la respuesta.
Tandil cuestionó que el traslado haya sido justificado a partir de la supuesta voluntad expresada por uno de los adultos. La Municipalidad sostiene que no se habría acreditado de manera fehaciente la voluntad de los restantes adultos y, especialmente, que no se habría contemplado adecuadamente la situación de los menores.
En ese sentido, Cantarelli invocó las normas provinciales y nacionales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y cuestionó que no se haya garantizado el centro de vida de los menores ni su derecho a ser escuchados.
La administración tandilense también asegura que, al arribar a la ciudad, integrantes de la familia manifestaron ante la Policía que el traslado había sido presentado por personal municipal de Azul como la “única alternativa” frente a la falta de presupuesto para brindarles alojamiento en esa ciudad.
La discusión sobre si el traslado fue voluntario
Otro de los puntos centrales de la controversia es determinar si la familia decidió libremente viajar a Tandil.
Mientras Azul habría sostenido que el traslado respondió a la solicitud de uno de los adultos, la Municipalidad de Tandil afirma que los testimonios recogidos por la Policía contradicen esa versión.
Según consta en el escrito, la familia había acudido a las autoridades de Azul luego de atravesar episodios de violencia vecinal, amenazas y agresiones. En ese contexto, desde Tandil sostienen que los integrantes del grupo fueron trasladados bajo la promesa de que tendrían un lugar donde alojarse en la ciudad.
La administración Lunghi también hace referencia a un manuscrito que, según el relato de la familia, habría sido firmado antes del viaje y posteriormente retirado por personal municipal de Azul sin permitirles leer su contenido.
Todos estos elementos serán, según anticipó Tandil, materia de investigación.
El punto más cuestionado: dónde fueron dejados
Uno de los principales argumentos de la respuesta está relacionado con el destino final del traslado.
El municipio de Tandil sostiene que, si efectivamente los funcionarios de Azul tenían constancia de que la familia contaba con un lugar donde alojarse, el vehículo oficial debería haberla trasladado hasta ese domicilio y verificado las condiciones de recepción.
Sin embargo, según la versión presentada por Tandil, la combi municipal fue registrada dejando al grupo alrededor de las 16:40 en una estación ferroviaria en desuso.
La Municipalidad asegura que el lugar carecía de servicios básicos y que la familia quedó expuesta a las bajas temperaturas. Incluso, de acuerdo con el escrito, algunos integrantes debieron encender fuego entre los vagones para poder calefaccionarse.
Horas después, tras la intervención de la Policía y de las áreas municipales de Tandil, el grupo habría recibido asistencia.
Tandil pide los informes que respaldarían la decisión de Azul
El secretario de Legal y Técnica reclamó además que la Municipalidad de Azul entregue copia certificada de la supuesta evaluación mediante la cual sus profesionales habrían determinado que la familia contaba con condiciones suficientes para instalarse en Tandil.
El gobierno de Lunghi solicitó conocer quiénes realizaron esa evaluación, qué profesionales la firmaron y cuáles fueron los criterios técnicos utilizados para determinar que once personas contaban con vivienda y condiciones adecuadas de subsistencia en la ciudad.
Tandil sostiene que esa documentación resulta fundamental para determinar cómo se tomó la decisión de realizar el traslado.
Una diferencia en el número de personas
El escrito también pone el foco en una diferencia entre las cifras manejadas por ambas administraciones.
Según Cantarelli, la Municipalidad de Azul habría informado que el grupo estaba compuesto por diez personas: cuatro adultos y seis menores. Tandil, en cambio, sostiene que tanto sus informes sociales como las actuaciones policiales establecen que fueron 11 las personas trasladadas: seis adultos y cinco menores.
Para la administración tandilense, esta diferencia resulta relevante y evidencia una presunta falta de control sobre el operativo realizado con el vehículo oficial.
Tandil reclama el reintegro de los gastos
Otro de los puntos incluidos en la respuesta es el reclamo económico.
La Municipalidad de Tandil ratificó que exigirá el resarcimiento de los gastos ocasionados por la asistencia brindada a la familia desde su llegada.
Según detalló, se utilizaron recursos humanos, logísticos y económicos para proporcionar alojamiento transitorio, alimentos, vestimenta y asistencia sanitaria.
La administración Lunghi considera que esos gastos fueron consecuencia directa del accionar de funcionarios de Azul y anticipó que se reserva el derecho de reclamar judicialmente el reintegro de las sumas utilizadas.
Además, advirtió que podría realizar presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por el presunto uso irregular de recursos públicos.
Mesa de trabajo entre ambos municipios
A pesar del tono crítico del documento, Tandil aceptó la propuesta de Azul de conformar una mesa de trabajo conjunta.
La intención será avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y acceder a documentación e informes de las distintas áreas municipales que intervinieron en el caso.
Entre los puntos que Tandil pretende discutir se encuentran los antecedentes de intervención del Servicio Local de Azul respecto de los menores, eventuales actuaciones vinculadas con violencia de género y los informes relacionados con salud, educación, trabajo y vivienda.
También se buscará determinar los fundamentos sociales y jurídicos que llevaron a los funcionarios azuleños a disponer el traslado.
Se mantienen las acciones legales
Finalmente, la Municipalidad de Tandil dejó en claro que la apertura de una instancia de diálogo no implica dejar sin efecto las actuaciones iniciadas.
El gobierno de Lunghi ratificó que mantendrá vigentes las acciones legales y penales iniciadas y aquellas que eventualmente correspondan, además de reservarse la posibilidad de realizar presentaciones ante el Tribunal de Cuentas bonaerense y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia.
Asimismo, Tandil planteó la posibilidad de coordinar, si correspondiera, un eventual retorno seguro de la familia a Azul y que la administración de origen vuelva a asumir de manera definitiva la asistencia del grupo.
El cruce entre ambos municipios, lejos de cerrarse, suma así un nuevo capítulo. Mientras Azul sostiene su propia versión sobre las circunstancias que motivaron el traslado, Tandil endureció su postura, cuestionó el procedimiento y reclamó explicaciones, documentación y el reconocimiento de los gastos que debió afrontar tras la llegada de la familia a la ciudad.
